El gobierno de Luxemburgo publicó el proyecto de ley que garantiza que las grandes corporaciones radicadas en el país se sumen al impuesto mínimo global, según se implementó a partir de las directivas del Global Anti-Base Erosion (GloBE) acordadas por la OCDE y el G20. Esta imposición regiría para empresas multinacionales o nacionales con volumen de negocios anual superior a los 750 millones de euros.